Sª Mujer PCE / 8 marzo 2010. Aprobado en el Comité Ejecutivo del PCE el 6 de febrero 2010
Es alarmante la feminización de la pobreza. Las consecuencias de la crisis económica en España están repercutiendo sobre todo en las mujeres de la clase trabajadora, especialmente las jóvenes y las inmigrantes, y la situación no mejora. La mayor parte de las personas pobres y excluidas de la sociedad y sin coberturas somos mujeres. España es el paradigma de paro estructural, siendo la tasa de paro femenino del 19%. Nuestro mercado de trabajo se caracteriza principalmente por el abuso de la temporalidad y la contratación a tiempo parcial, especialmente para las mujeres, así como por la discriminación salarial, que se sigue manteniendo en torno a un 30%. Por otro lado, la baja tasa de actividad femenina demuestra que los cuidados siguen recayendo casi en exclusiva en las mismas.
La disminución de la renta familiar tanto por la precarización de las condiciones de trabajo, del paro y por la disminución del salario real, produce efectos muy negativos en las mujeres.
El raquítico estado del bienestar no avanza sino que retrocede. Menos presupuesto para la ley de dependencia, privatización de los servicios públicos y recorte de las pensiones, lo que perjudica especialmente a las mujeres que son las que finalmente asumen los trabajos familiares básicos de la vida.
Al mismo tiempo estamos sufriendo un ataque político e ideológico sobre los derechos conquistados por los movimientos de mujeres. Las políticas para la igualdad de género reciben fuertes ataques por parte de la derecha política, el sistema judicial y la iglesia católica. Son ejemplo de ello, las declaraciones públicas del juez Serrano en contra la ley de violencia de género, afirmando que hay muchas denuncias falsas y que esta ley es fruto de la “dictadura del feminismo radical” o las del Arzobispo de Granada en contra de la ley del aborto, comparándola con los crímenes de Hitler.
Desde la Secretaría de la Mujer manifestamos que es necesaria la expansión del gasto social para acabar con la desigualdad.
Una mayor provisión pública de bienes y servicios socialmente esenciales: educación, sanidad, atención a la dependencia, programas de integración social, vivienda pública, transporte… fijando como objetivo el alcanzar los niveles de gasto social de los países de nuestro entorno es la segunda vía para una expansión selectiva de la demanda. Es el ejemplo más claro de cómo la atención a las necesidades sociales puede traducirse en la creación de empleo estable y con derechos, siempre que este venga de mano de una expansión directa de la esfera del sector público en la economía.
Una parte nada despreciable de ese trabajo socialmente necesario se realiza en la actualidad, oculto tras el manto del trabajo doméstico y, más recientemente, con la “globalización del trabajo de cuidados” a cargo de mano de obra inmigrante mayoritariamente femenina. La transformación de ese trabajo oculto en empleos socialmente reconocidos es un imperativo en una sociedad con menor desigualdad de género
Por todo ello es necesario:
• Jornada laboral 35h por ley, sin reducción de derechos.
• Reparto equitativo del trabajo y de las responsabilidades entre mujeres y hombres.
• Empleo estable y con derechos.
• Igualdad salarial.
• Dotación presupuestaria, aplicación y desarrollo de las leyes de igualdad y de dependencia.
• Políticas municipales para hacer las ciudades habitables para las mujeres.
• Reforma fiscal. Que paguen más los que más tienen, para el desarrollo de empleo público estable para las mujeres.
• Abolir la explotación sexual por ley.
Es alarmante la feminización de la pobreza. Las consecuencias de la crisis económica en España están repercutiendo sobre todo en las mujeres de la clase trabajadora, especialmente las jóvenes y las inmigrantes, y la situación no mejora. La mayor parte de las personas pobres y excluidas de la sociedad y sin coberturas somos mujeres. España es el paradigma de paro estructural, siendo la tasa de paro femenino del 19%. Nuestro mercado de trabajo se caracteriza principalmente por el abuso de la temporalidad y la contratación a tiempo parcial, especialmente para las mujeres, así como por la discriminación salarial, que se sigue manteniendo en torno a un 30%. Por otro lado, la baja tasa de actividad femenina demuestra que los cuidados siguen recayendo casi en exclusiva en las mismas.
La disminución de la renta familiar tanto por la precarización de las condiciones de trabajo, del paro y por la disminución del salario real, produce efectos muy negativos en las mujeres.
El raquítico estado del bienestar no avanza sino que retrocede. Menos presupuesto para la ley de dependencia, privatización de los servicios públicos y recorte de las pensiones, lo que perjudica especialmente a las mujeres que son las que finalmente asumen los trabajos familiares básicos de la vida.
Al mismo tiempo estamos sufriendo un ataque político e ideológico sobre los derechos conquistados por los movimientos de mujeres. Las políticas para la igualdad de género reciben fuertes ataques por parte de la derecha política, el sistema judicial y la iglesia católica. Son ejemplo de ello, las declaraciones públicas del juez Serrano en contra la ley de violencia de género, afirmando que hay muchas denuncias falsas y que esta ley es fruto de la “dictadura del feminismo radical” o las del Arzobispo de Granada en contra de la ley del aborto, comparándola con los crímenes de Hitler.
Desde la Secretaría de la Mujer manifestamos que es necesaria la expansión del gasto social para acabar con la desigualdad.
Una mayor provisión pública de bienes y servicios socialmente esenciales: educación, sanidad, atención a la dependencia, programas de integración social, vivienda pública, transporte… fijando como objetivo el alcanzar los niveles de gasto social de los países de nuestro entorno es la segunda vía para una expansión selectiva de la demanda. Es el ejemplo más claro de cómo la atención a las necesidades sociales puede traducirse en la creación de empleo estable y con derechos, siempre que este venga de mano de una expansión directa de la esfera del sector público en la economía.
Una parte nada despreciable de ese trabajo socialmente necesario se realiza en la actualidad, oculto tras el manto del trabajo doméstico y, más recientemente, con la “globalización del trabajo de cuidados” a cargo de mano de obra inmigrante mayoritariamente femenina. La transformación de ese trabajo oculto en empleos socialmente reconocidos es un imperativo en una sociedad con menor desigualdad de género
Por todo ello es necesario:
• Jornada laboral 35h por ley, sin reducción de derechos.
• Reparto equitativo del trabajo y de las responsabilidades entre mujeres y hombres.
• Empleo estable y con derechos.
• Igualdad salarial.
• Dotación presupuestaria, aplicación y desarrollo de las leyes de igualdad y de dependencia.
• Políticas municipales para hacer las ciudades habitables para las mujeres.
• Reforma fiscal. Que paguen más los que más tienen, para el desarrollo de empleo público estable para las mujeres.
• Abolir la explotación sexual por ley.
